Las medidas de apoyo al emprendimiento que ha desarrollado el gobierno en los últimos años han propiciado un fuerte incremento del número de trabajadores autónomos generando algunas dudas que vamos a intentar despejarte desde Asuntos Públicos y Comunicación.

Se trata de dos figuras independientes pero que tienen un trasfondo común como la estrecha relación con una empresa, por lo que, a veces, tienden a confundirse.

El falso autónomo supone un fraude de ley y es, simplemente, un trabajador que presta un servicio en exclusiva y con carácter fijo para una empresa, pero en lugar de hacerlo en forma de contrato laboral lo hace como autónomo. No existe una diferenciación con otros trabajadores y la organización de su desempeño y de los medios recaen en el empresario, por lo que realmente no hay una autonomía organizativa.

La razón no es otra que los menores costes laborales para la empresa.  A menudo, esa fórmula también beneficia al falso autónomo porque recibe más importe líquido cada mes, olvidando la mayor protección social que tiene en una vinculación laboral regulada, como la prestación de desempleo, la cobertura de baja, las vacaciones o las indemnizaciones.

La norma en este sentido es clara y ante una inspección de trabajo se pueden imponer fuertes sanciones que incluyen tres componentes: una multa que puede oscilar entre los 3.126 y los 10.000 €, las cotizaciones a la seguridad social del 33% no aportadas de los últimos cuatro años (si la situación se remonta a ese periodo mínimo) más un recargo que determina la propia agencia. Así, que como se puede ver la sanción puede superar holgadamente el salario de un trabajador de año y medio.  

Muchos de los casos han acabado en magistratura y han provocado que la empresa tenga que hacer trabajador fijo a dicho falso autónomo. Este tipo de irregularidades se ha dado mucho en la construcción y en los comerciales para empresa, camuflados en contratos mercantiles.

Cuestión distinta es el TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente), figura que se encuentra regulada en la ley 20/2007 de 11 de julio del trabajador autónomo, en su capítulo tres.

En este caso sí es un trabajador por cuenta propia pero que tiene una dependencia económica de un solo cliente al que factura más del 75% de sus ingresos anuales. Deben darse, no obstante, una serie de circunstancias como no tener trabajadores a su cargo ni subcontratar el encargo, realizar una función diferente del resto de trabajadores, disponer de medios propios para el desempeño, desarrollar la actividad bajo criterios organizativos propios y recibir una contraprestación económica que dependa de su productividad.

Es decir, se trata de un trabajador autónomo que cuenta con cierta autonomía pero que trabaja con una alta dedicación para un único cliente que le encomienda tareas concretas diferenciadas de las de sus trabajadores.

Con esta modalidad se da cierta cobertura a una situación que se produce mucho y que viene a dar una cobertura intermedia entre un empleado por cuenta ajena y un autónomo, puesto que otorga ciertas prerrogativas a ese trade.

La vinculación entre ambos debe de estar regulada por un contrato escrito y registrado, que no tendrá carácter público. En él se hará constar la duración del mismo, puesto en defecto se considerará de carácter indefinido. También se reflejarán las condiciones de la prestación como horarios, retribución y otras propias del sector. Se fijará unas vacaciones de, al menos, 18 días y podrán acordar una indemnización mutua para el caso de cese del contrato según las circunstancias que lo motiven y que compense al autónomo por la pérdida de un trabajo, o al empresario por los perjuicios que le pueda ocasionar al perturbar o condicionar su actividad.   

Otra duda que nos han planteado algunas veces nuestros clientes es qué sucede con aquellas colaboraciones esporádicas que no pueden considerarse trabajos estables. En primer lugar hay que considerar la periodicidad y el importe de dichas colaboraciones.

La legislación y, sobre todo, la jurisprudencia española tras una sentencia del supremo en 2007 entiende que puede haber casos de una colaboración que no requiera darse de alta como autónomo.

En primer lugar debe tratarse de colaboraciones no estables y cuyo importe anual no supere el Salario Mínimo Interprofesional, que en 2017 se fijó en 9.906 € brutos anuales. También ayuda el hecho de que ese colaborador tenga otra fuente de ingresos principal.

Lo anterior no exime de declarar a Hacienda lo ingresado, máxime si se superan los 3.000 €, ya que la empresa tiene obligación de declararlo y la agencia cruzará los datos con los tuyos.

Para ello deberías emitir un recibo sujeto a retención de IRPF que te aplicará la empresa y después ingresará por ti en Hacienda en las declaraciones trimestrales.

Tampoco debes descuidar que si la actividad que realizas está sujeta a la aplicación del IVA, deberías darte e alta en Hacienda con un epígrafe de IAE

No obstante, y volviendo al inicio de este artículo, si esa colaboración va a ser algo estable, no descartes estudiar regularizar tu situación y aprovecharte de las medidas de apoyo al emprendimiento.

Si tienes dudas escríbenos o llámanos.